CON ESTOS JUECES NO VAMOS A CONOCER NUNCA LA VERDAD
HAY QUE ORGANIZAR UNA COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE
La caída del Juez Otranto constituyó un triunfo de la movilización popular, porque cayó el funcionario judicial que más maniobró para que no se sepa la verdad, cuya estrategia no pasaba por castigar a los culpables del secuestro y posterior asesinato de Santiago Maldonado, sino a las víctimas de la represión perpetrada por la Gendarmería bajo órdenes de Macri, Bullrich, Noceti y compañía.
Sin embargo, el juez Lleral no vino para resolver nada en contra del gobierno y las fuerzas represivas, sino para ganar tiempo y seguir apañando a los funcionarios del estado involucrados en este crimen de lesa humanidad. Por eso, unas horas antes de las elecciones este personaje salió a insinuar que Santiago no había sido asesinado, sino que se habría “ahogado” sin “recibir golpes” ni ataques por parte de los gendarmes.
De imponerse este relato, que Clarín, La Nación y todos los periodistas alcahuetes del gobierno están vociferando a diestra y siniestra, sería un primer paso en el sentido de garantizar la impunidad. La única manera de evitarlo es continuar peleando, pero además, poniendo en pie una Comisión Investigadora Independiente, encabezada por los familiares de Santiago y las organizaciones, peritos y personalidades dispuestos/as a ir hasta el final.
Para descubrir a los responsables materiales y políticos del asesinato de Santiago, habrá que dar este paso, que va en el sentido de las últimas declaraciones de la abogada de la familia para el diario Página 12, donde explicó que era necesario que “se conforme un grupo de expertos independientes, que puedan ser veedores y garantizar una independencia que no está garantizada”.
Es de vital importancia mantener la defensa irrestricta de los derechos humanos que, en este caso, son avasallados históricamente. La desaparición forzada de Santiago Maldonado y su posterior asesinato, nos recuerda las prácticas de la última dictadura cívico-militar; la lucha ancestral del pueblo Mapuche por sus derechos confirma la lamentable continuidad, por parte de los Estados argentino y chileno, de una política genocida originada en la conquista y la colonización, en la cual se basa su conformación y desarrollo.
Con estos jueces y fiscales nunca se sabrá toda la verdad ni se castigará a todos los culpables, ya que más allá de sus diferencias tácticas y de matices, son defensores acérrimos del mismo estado cipayo y represor que siempre entregó - también durante el gobierno K, como ahora - las tierras de los pueblos originarios patagónicos a la voracidad de los saqueadores internacionales, como a corporaciones monopólicas petroleras y mineras y a terratenientes como Benetton y Lewis entre otros.
Para ir a fondo hará falta un Plan de Lucha Nacional, exigiendo la inmediata desmilitarización de la zona en conflicto, el cese del hostigamiento a los testigos de la causa y la conformación de la cada vez más necesaria Comisión Investigadora Independiente. Hacemos un llamado a las organizaciones y dirigentes que adhieran a esta propuesta a reunirnos inmediatamente para comenzar a difundirla y ponerla en práctica.
Primeras firmas: Frente Vecinal Esquel, Agrupación Cresta Unida, Lista Roja y Negra Suteba Escobar, Colectivo Docente en Clase (en Ademys), Asociación Sindical de Trabajadores Cooperativistas Precarizados, Colectiva de Mujeres Antipatriarcales Brujas en Resistencia, Convergencia Socialista de Combate, Tendencia Guevarista, Partido Guevarista, Frente de Acción Revolucionaria, Agrupación Domingo Menna, Movimiento Teresa Rodríguez, Movimiento Brazo Libertario, Partido Comunista de los Trabajadores.
