LUEGO DE LA CAÍDA DE OTRANTO: IMPONER UNA COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE Y ORGANIZAR UN PLAN DE LUCHA PARA QUE SE SEPA LA VERDAD Y SE CASTIGUEN A LOS RESPONSABLES

 

La caída del Juez Otranto es un triunfo de la movilización popular, porque cayó el funcionario que maniobraba para que no se sepa la verdad y, en vez de castigar a los culpables, se terminara castigando a las víctimas de la represión al servicio del ajuste y el saqueo.

Sin embargo, mientras todo esto sucede, pasa el tiempo y los funcionarios políticos, judiciales y policiales del estado conducido por Macri y su banda, continúan ganando tiempo tratando de ocultar las pruebas y los detalles más contundentes que involucran de manera directa a la gendarmería y al gobierno a través de sus ministros Pablo Noceti y patricia Bullrich, quienes comandaron y encubrieron el operativo.

Las multitudinarias movilizaciones y expresiones solidarias que se vienen repitiendo a lo largo y a lo ancho del país consiguieron la renuncia de Otranto y pusieron contra la pared a la ministra de “Seguridad” Patricia Bullrich y al propio presidente de la Nación, haciendo aparecer pruebas que antes ocultaban.

Sin embargo sólo habrá justicia si se condena no solo a los responsables materiales del secuestro de Santiago sino a los que dieron las órdenes y a sus secuaces, ya que los de arriba si se ven acorralados son capaces de entregar a algún “chivo emisario” suelto o a varios.

Es de vital importancia mantener la defensa irrestricta de los derechos humanos que, en este caso, son avasallados históricamente. La desaparición forzada de Santiago Maldonado nos recuerda las prácticas de la última dictadura cívico-militar; la lucha ancestral del pueblo Mapuche por sus derechos confirma la lamentable continuidad, por parte de los Estados argentino y chileno, de una política genocida originada en la conquista y la colonización, en la cual se basa su conformación y desarrollo.

Con estos jueces y fiscales nunca se sabrá toda la verdad ni se castigará a todos los culpables, ya que más allá de sus diferencias tácticas y de matices, son defensores acérrimos del mismo estado cipayo y represor que siempre entregó – también durante el gobierno K, como ahora - las tierras de los pueblos originarios patagónicos a la voracidad de los saqueadores internacionales, como a corporaciones monopólicas petroleras y mineras y a terratenientes como Benetton y Lewis entre otros.

Para ir a fondo hará falta un Plan de Lucha Nacional, exigiendo la inmediata desmilitarización de la zona en conflicto, el cese del hostigamiento a los testigos de la causa y la conformación de una Comisión Investigadora Independiente, encabezada por los familiares de Santiago e integrada por representantes de organismos de derechos humanos, de defensa de los derechos de los pueblos originarios y personalidades del campo obrero y popular .

 

Primeras firmas: Frente Vecinal Esquel, Liga CHE Comunista de Neuquén, Agrupación Cresta Unida, Lista Roja y Negra Suteba Escobar, Asociación Sindical de Trabajadores Cooperativistas Precarizados, Colectiva de Mujeres Antipatriarcales Brujas en Resistencia, Convergencia Socialista de Combate, Tendencia Guevarista, Partido Guevarista, Frente de Acción Revolucionaria, Agrupación Domingo Menna, Movimiento Teresa Rodríguez, Movimiento Brazo Libertario, Partido Comunista de los Trabajadores.

 

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