Acerca de la constituyente

 

Hoy se nos presentan como necesidad cambios fundamentales en nuestra vida social. Diversas fuerzas políticas plantean realizar una nueva constitución. Un primer interrogante que surge inmediatamente es qué poder social real ya existente o embrionario -constituído de hecho-, es el que se institucionalizará jurídicamente a través de una constituyente. Por ahora, salvo contadas e ingnoradas excepciones, a esta cuestión no se le da la importancia que merece, como si este poder por institucionalizarse fuese, simplemente algo que emergerá del proceso social de un debate que nacerá por obra de la misma propuesta.

 

Que la satisfacción de la necesidad de cambios fundamentales sea identificada con la realización de una nueva constitución es algo que no ha madurado aún en una porción determinante de la sociedad. Que ese poder social real surja como consecuencia de la pura fuerza de la nueva ley fundamental, una vez aprobada, es una ficción ni siquiera excusable para legisladores o constitucionalistas.

 

Además de este problema político esencial del proceso político constituyente, hay muchos temas de debate alrededor de la constitución. Por ejemplo: los que aspiramos al cambio social, a una democracia asamblearia, sostenemos que es preciso instaurar nuevos derechos políticos y que las instituciones de la democracia representativa deben ser reemplazadas por otras nuevas. Otros hacen hincapié en los aspectos económicos de la constitución.

 

Sin ánimo de profundizar, por el carácter breve de este medio de comunicación, es oportuno cuestionar algunas ideas que se han difundido y que vuelven a reiterarse constantemente y que sin duda volverán a tener un lugar en el debate si este llega a ponerse en práctica. Algunos de ellos son expresados como grandes principios que se postulan como soluciones a los problemas crónicos que nos aquejan: la función social de la propiedad privada, la justicia social, la tutela estatal de los derechos, la política económica implícita o explícita en la constitución, la participación popular, la nacionalización de los recursos, etc.

 

La función social de la propiedad privada

 

Cuando esto fue propuesto como un principio constitucional, estaba descubierto y demostrado hacía ya mucho tiempo por las ciencias sociales que la propiedad privada había perdido su función social histórica y se había convertido en el freno del desarrollo humano. Esto era válido, ya en ese momento, tanto para los países imperialistas como para las colonias, ex colonias y países dependientes. Históricamente, si bien la propiedad privada fué un factor del desarrollo humano, fue a su vez el sacrificio de la mayor parte de la humanidad. En el último siglo las contradicciones entre la propiedad privada y el desarrollo de las fuerzas productivas dió lugar a un paso intermedio entre la  propiedad privada y su negación: el estado de los monopolios que generaliza la desposesión y centraliza la propiedad privada y al mismo tiempo al capitalismo monopolista de estado donde la propiedad pública es una forma de acumulación para “beneficio” y concentración de la propiedad privada.

 

La enunciación de una supuesta función social del capital – como propiedad, que no es otra cosa que propiedad privada - no introduce ningún cambio real, sustancial, a la injusticia a que ha arribado el sistema al postergar innecesariamente el desarrollo de las fuerzas productivas. Representa una forma de intentar la continuidad del sistema a través de formas de contrarrestar el efecto de sus contradicciones, por medio de la intervención directa del estado en los mercados, en la producción, a través de la política económica realizada por la burguesía monopolista desde el estado. Para la burguesía es una necesidad mantener el funcionamiento del sistema, a pesar de sus contradicciones. Tiene que aggiornar el sistema. Para las clases sometidas es una ilusión que desorienta de la necesaria transformación revolucionaria de las relaciones de producción.

 

 El desarrollo social ha determinado que la función social de la propiedad privada es algo del pasado, algo que no puede volver a instaurarse por la mera voluntad, un enunciado romántico reaccionario, una contradicción en los términos.

Instaurar la función social de la propiedad privada es cuanto menos una ilusión.

 

 

La política económica

 

La política económica no es una alternativa real al cambio de las relaciones de producción

La política económica del estado capitalista es impotente frente a la anarquía de la producción, frente a la especulación del capital financiero monopolista. La supuesta capacidad del estado para realizar políticas racionales es producto de la abstracción, de considerar al estado como un ente independiente de las clases sociales.

Sin embargo, la política económica aparece, a la vez, para la continuidad de la vida de las masas de desposeídos dentro del régimen, en estas condiciones, manteniendo las relaciones de la propiedad privada, como un imperativo de reformas.

 

Somos testigos de ciclos de competencia y ciclos de proteccionismo como consecuencia de la contradicción entre el carácter  social de la producción cada vez más desarrollado y la apropiación privada cada vez más centralizada de ese producto. El empobrecimiento brutal de la claseo obrera y el crecimiento crónico del ejército de reserva de desocupados, como desocupados permanentes, es el fenómeno que muestra la contradicción entre el desarrollo imposible de las fuerzas productivas -la riqueza- separadas de los productores, en el régimen capitalista.

 

El principio de la “justicia social”

 

Para alejarnos del reino de la abstracción es válido preguntarse ¿quién va organizar las instituciones de acuerdo a un principio ético y racional -el bienestar del pueblo-? ¿la burguesía monopolista? ¿El capital financiero internacional?

 

Tutela de los derechos por parte del Estado

 

Del mismo modo, podemos juzgar la tutela por parte del Estado de los derechos por parte de este aborto de la abstracción -el estado paternalista-. Se propugna que el estado siga por encima de los productores y tutele sus derechos, siendo que a la vez asegura la propiedad privada. La propiedad privada no es cualquier propiedad. Es popiedad de los medios de producción. No existe sin que a la vez se multipliquen los desposeídos de esos medios. Es el privilegio que permite la explotacion de los desposeídos obligados a vender su fuerza de trabajo. Dentro del régimen de la propiedad privada, los derechos conquistados por los trabajadores se transforman en derechos abstractos, derechos en el papel. Incluso el llamado “derecho a trabajar”.

 

La propiedad para la clase obrera, aún de lo imprescindible, es un imposible, una ficción. Los asalariados ni siquiera pueden conservar el valor real de sus ahorros. El dinero, la mercancía universal, la representación del valor, la institución del intercambio entre propietarios privados es un instrumento de despojo en manos del capital financiero. El salario no alcanza a reponer la fuerza de trabajo. Las necesidades de la vida cuentan muy poco en el mundo del capital.

 

La tutela es una mistificación. Para que la democracia sea real, para que los derechos no sean abstractos, para que se transformen en realidades materiales, se requiere un estado de los productores libres de toda tutela, donde sean los verdaderos protagonistas para autodeterminarse libremente a través de la planificación democrática de su vida -principalmente productiva- disponiendo libremente de toda la herencia humana. Esto no es compatible con la preservación de la propiedad privada ya que ésta no es otra cosa que la desposesión de los productores.

 

El estado es una asociación de una clase para establecer su dominación sobre otra clase. Para que se haga realidad la democracia y la justicia es indispensable que el estado sea una asociación de los productores -los trabajadores- contra sus parásitos.

 

La nacionalización

 

Hoy en día la empresa capitalista monopólica determina precios por encima del valor -obtiene rentas monopólicas-. Consecuentemente, los monopolios determinan que los otros precios de la economía estén por debajo del valor ya que la manipulación de los precios no altera la suma total del valor producido. Los monopolios determinan la estructura de precios relativos. La asignación de los recursos a la producción se centraliza, irremediablemente, en manos de los monopolios.

 

La necesidad de evitar que la renta monopólica se transforme en un impedimento del desarrollo se desarrolla dentro del régimen de la propiedad privada. Las estatizaciones dentro del régimen capitalista están impulsadas por esta necesidad. Dentro del régimen de la propiedad privada, se transforman en monopolios en manos del estado. Así surgió el capitalismo monopolista de estado. La nacionalización de los recursos minerales y energéticos, de los servicios públicos esenciales, del comercio exterior, se plantea como una necesidad adicional dentro de los países dominados por monopolios extranjeros. Se dice que es una cuestión de soberanía, soberanía nacional, pero la soberanía, es decir el poder, no es algo independiente de las clases sociales. Los recursos “naturales”, recursos sociales, dentro del régimen de la propiedad privada capitalista son “naturalmente”, por las leyes económicas inherentes al capital, privatizados, son manejados y aprovechados por el capital y están fuera del dominio de los productores – los trabajadores. No hay, ni puede haber, una soberanía compartida entre trabajadores y explotadores.

 

Aunque formalmente sean de propiedad pública, los monopolios siguen siendo una fuente de rentas que van a manos privadas. El hecho de que el estado juegue un papel en la asignación de recursos, al ser un estado dominado por los monopolios, no se traduce en la práctica en algo verdaderamente distinto. La asignación de los recursos sociales se realiza para el incremento de sus negocios, es decir para la obtención de superganancias -renta-. Esto es válido tanto para la tierra rural o urbana, por que no hay más tierra disponible libre, en cierto lugar, etc.…, como para los servicios públicos que también son monopolios -monopolios llamados “naturales” por su carácter ‘técnico’, como estar localizados -vías de comunicación-, y para otras tantas formas de la riqueza que no podríamos enumerar aquí.

 

Conocemos la diferencia y la similitud entre el carácter de monopolio estatal y monopolio privado. La ganancia tendría que quedar, teóricamente, en manos del estado, pero en la práctica va a parar a manos privadas. Esta variante de capitalismo ha dado lugar al enriquecimiento de una oligarquía que se desarrolló y fortaleció en negociados a través del estado. Este ha sido el resultado del capitalismo monopolista de estado en países como el nuestro.

 

La captación de una fracción de las rentas monopólicas por el estado y la distribución de las mismas a los pobres también ha fracasado en manos de los llamados “gobiernos “progresistas”.

 

Para ir al fondo del asunto, podemos empezar por distinguir entre el carácter de la propiedad estatal y la propiedad común de los productores asociados ya que la propiedad estatal no significa inmediatamente que el producto del trabajo esté irrestrictamente disponible para los productores asociados. Sólo si el estado es un instrumento de los productores -de la clase obrera- se puede garantizar en la práctica esa disponibilidad. La asignación del producto - los recursos sociales -, debe estar en manos de la sociedad de los productores.

 

Participación o protagonismo

 

La llamada democracia participativa, para que la gente de a pie comience de a poco a aprender, a salir de su infancia política decidiendo en pequeños negocios y algunos asuntos públicos, ha demostrado ser una ilusión. Comunas, presupuesto participativo, consultas populares, defensor del pueblo, audiencias públicas y otras aún no autorizadas como la revocatoria de mandatos no resuelven la crisis de la democracia burguesa. Son reformas a un edificio podrido en los cimientos.

 

La crisis de la democracia representativa va apareciendo sucesivamente en uno y otro país. La corrupción de los gobiernos es tema de todos los días. Una vez delegada la soberanía del pueblo en los representantes estos violan las promesas realizadas a los electores. Los lobbies de los monopolios van obteniendo leyes y decretos. Las leyes se vetan o no se cumplen. Los derechos obtenidos se van convirtiendo en letra muerta y aparecen nuevos privilegios. La esencia de la democracia burguesa va quedando al descubierto: es una dictadura de la burguesía. La democracia en el tiempo de los monopolios ha quedado en el papel. Los políticos del régimen intentan justificarse frente a sus electores, reconociendo que tener el gobierno no es tener el poder, que es imposible enfrentarse al poder que tienen los mercados, que su misión, cuanto más, es limitar ese poder.

 

Los monopolios son el verdadero poder: ¿los mercados? ¿la mano invisible? ¡Qué invisible! ¡Esta a la vista de todos! Conocemos a los ricos, los oligarcas que concentran la riqueza mundial.

Los productores, los trabajadores, necesitan algo más que una “participación” en el poder: para ser protagonistas reales necesitan todo el poder. Claro que hay que perder las ilusiones en el régimen político y económico y dejar de delegar el poder popular a manos de “los amigos de los pobres” o de los “genios de los negocios”, y pasar en los hechos a dirigir nosotros mismos nuestro destino. Hay que acabar con los monopolios y hacernos de todo el poder.

 

 

 

Rei Loga