La responsabilidad de Gas Natural Ban en la crisis del servicio
(AW). La Asociación de Personal Jerárquico de la Industria
del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ GAS) responsabilizó a la empresa
distribuidora Gas Natural Ban por los cortes en el servicio. Todo en medio
de una supuesta intervención que el Gobierno decidió durante horas a
Metrogas, pero que sin embargo, por medio de sus representantes en el
denominado comité de crisis, avalaron las interrupciones. La Asociación
presentó la denuncia en el ente regulador.
Buenos Aires, 9 de julio (Agencia Walsh).
La
Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados
y Afines (APJ GAS) responsabilizó directamente a la empresa distribuidora
Gas Natural Ban por la mala prestación del servicio. Todo en medio de una
supuesta intervención que el Gobierno decidió durante horas a Metrogas. La
entidad ya presentó la denuncia en el ente regulador.
COMUNICADO
DE PRENSA
La
Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados
y Afines (APJ GAS) fija su posición respecto a las diferentes situaciones de
irregularidad que se verifican en el ámbito de la distribución de gas
natural por redes en el territorio metropolitano.
En primer
lugar, la situación generada en Metrogas habla a las claras de que la
política diseñada en la década del noventa fracasó, no solo por la falta de
gas sino porque se carece de controles preventivos por parte del estado y se
permite un margen de discrecionalidad empresaria inusualmente alto. Estamos
hablando del caso de la única distribuidora de gas natural con existencia de
fluido suficiente para abastecer a sus usuarios y a otras distribuidoras en
situaciones de emergencia, cuyo accionista mayoritario es el productor de
gas más importante de la Argentina : Repsol-YPF.
Sin embargo
se produjeron cortes a los usuarios industriales con "contratos firmes con
ventana interrumpible" en un día de temperaturas medias que, a nuestro
juicio, fueron consensuadas en el Comité de crisis que existe para estos
casos y que inexplicablemente aparecen ante la opinión pública como
"intempestivas".
En este
contexto, queremos denunciar el accionar de Gas Natural Ban (distribuidora
de gas natural en el norte y oeste del Gran Buenos Aires) que tiende a
complicar sospechosamente la eficacia del servicio en momentos tan críticos.
En primer
lugar, Gas Natural Ban intenta trasladar en estos días todo el procesamiento
del sistema comercial a España, modificando unilateralmente la
confidencialidad de los datos de los usuarios de su zona de actuación,
atrasando el tiempo de respuesta del servicio de atención de urgencias y
afectando la contratación de servicios, de los reclamos, la lectura de
medidores, los cobros y la previsión de la demanda.
Dejamos
constancia que el 2 de julio de 2007 denunciamos estas transgresiones al
Enargas, la Secretaría de Energía y la Cámara de Diputados para que arbitren
las medidas necesarias a efectos de impedir que se ejecuten los actos
descriptos.
Simultáneamente, hemos verificado la desatención de la lectura y facturación
de un sector de usuarios de Olivos y San Isidro, a quienes incluso se les
corta el servicio sin haber recibido la facturación, ni los avisos previos.
Además, se está obligando a otro grupo de usuarios a tomar la lectura de su
propio medidor y a llamar telefónicamente a Gas Natural Ban para aportar los
datos del mismo, ya que las contratistas no realizan el trabajo en forma
adecuada, ni son controladas por la prestataria.
Por último,
se intenta aplicar una reestructuración del área comercial tercerizando por
completo los trabajos de inspección (tanto en el aspecto técnico como
administrativo), y sin prever ningún mecanismo de control por parte de
técnicos capacitados de la distribuidora, con lo cual la posibilidad de
inspeccionar este tipo de tareas será nula y el perjuicio para los usuarios
será definitivo.
Alertamos
que estas situaciones terminan impactando en la vida de todos los usuarios,
vía prestación del servicio cada vez más insegura e ineficaz, o vía mayores
costos injustificados que, más temprano que tarde, terminamos pagando los
usuarios con aumentos de tarifa o subsidios y que, en el plano de los
trabajadores/as, significan más despidos y tercerizaciones.
Sostenemos
que los órganos gubernamentales y legislativos deben accionar para impedir
este accionar que ya está complicando la prestación del servicio y que lo
complicará aún más al debilitar los controles operativos y legales y limitar
la capacidad soberana de privilegiar el servicio público por sobre las
políticas empresariales dirigidas a la multiplicación de utilidades y nuevos
negocios que solo fortalecen la presencia de estos grupos económicos en el
mundo.
Rubén José
Ruiz (Secretario general de APJ GAS)
Ximena
Rattoni (Secretaria de Prensa de APJ GAS)
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