Más de una docena de represores
cobran ‘pensiones honoríficas’ por un decreto K.
ASTIZ
PODRIA
ACOGERSE AL BENEFICIO
El
Tigre Acosta, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón y Mario
Benjamín Menéndez son algunos de los militares
emblemáticos de la represión ilegal que actuaron durante la
última dictadura y reciben una
gratificación vitalicia por haber
estado en Malvinas durante la guerra. Todos se adhirieron al
beneficio gracias a que el Gobierno amplió sus condiciones a los
dados de baja, sin poner reparos a eventuales antecedentes
delictivos.
GABRIELA VULCANO
 |
|
|
|
Estuvieron en Malvinas
durante la guerra. Pero también están acusados de haber
cometido delitos de lesa humanidad en la última dictadura
militar. Muchos de ellos volvieron a estar bajo la lupa de
la Justicia gracias a la anulación de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, incluso algunos tendrán que
volver a prisión con la reciente anulación de los indultos.
Sin embargo, a partir de un decreto presidencial de 2005,
todos los meses cobran la pensión honorífica por su
desempeño en las Islas.
Juan Carlos Rolón, Antonio
Pernías, Mario Benjamín Menéndez, Juan José Lombardo,
Ricardo Guillermo Corbetta y Julio César Binotti son algunos
de los 18 mil beneficiarios. En mayo de este año, uno de los
principales represores de la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA), Jorge “Tigre” Acosta, decidió comenzar a
tramitar dicho beneficio.
El beneficio. La lucha de los
ex combatientes por obtener un reconocimiento empieza mucho
tiempo atrás. El regreso de la Guerra de Malvinas fue con
pena y sin gloria, sobre todo para los jóvenes de 18 años
que habían tenido que dejar sus hogares para servir a la
Patria. Recién en 1990 consiguieron que se les otorgue una
pensión vitalicia cuyo monto era igual al haber mínimo de
una jubilación. Siete años después, mediante la Ley 24.892,
se extendió ese beneficio a los oficiales y suboficiales en
situación de “retiro o baja voluntaria”.
A mediados de 2004, luego de
varios días de acampe de un grupo de veteranos de Malvinas
en la Plaza de Mayo en reclamo de una reparación económica y
moral, el presidente Néstor Kirchner firmó el Decreto 1.357
donde, entre otras cosas, triplicó el monto de dichas
pensiones y especificó que no podrían cobrar este beneficio
quienes hubieran sido “condenados, o resultaren condenados,
por violación de los derechos humanos”.
“Cuando nosotros empezamos a
cobrar, en los 90, la pensión no era nada. Y en cuanto se
triplicó la suma, todos quisieron comenzar a cobrar”, señala
Aníbal Grillo, titular del Centro de Ex Combatientes Islas
Malvinas de La Plata (CECIM). Pero, sin dudas, la frutilla
de la torta la puso el Decreto 886 de 2005. Allí no sólo se
ratifica el hecho de que los únicos militares exceptuados de
cobrar son aquellos que fueron condenados por haber cometido
delitos de lesa humanidad –hasta la fecha ningún militar fue
condenado debido a la existencia de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, que recién fueron anuladas en 2003, y
los que sí, fueron indultados en 1989–, sino que además se
amplía el cobro a los integrantes de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad que se encuentren en situación de baja
obligatoria.
Ese mismo decreto estableció
que el beneficio pasaba a denominarse Pensiones Honoríficas
de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur. Es decir que
tanto los soldados que fueron enviados a la guerra como los
militares de carrera, muchos de ellos represores, quedaron
enmarcados en una misma figura: héroes. “Queremos que se
derogue el decreto que incluye a oficiales y a suboficiales.
No consideramos justo que estemos en la misma bolsa.
Nosotros nos consideramos víctimas y no los responsables. Es
un gran error político juntarnos”, se queja Grillo. Y
agrega: “La democracia tiene una deuda pendiente. Un gran
número de los que hoy son puestos en el banquillo por haber
violado los derechos humanos también deberían ser juzgados
por haber cometido los mismos vejámenes en la isla”.
Desde 2005, muchos militares
que combatieron en el conflicto de Malvinas, que a su vez
figuran en el informe del Nunca más y hoy tienen múltiples
causas abiertas por robos, secuestros, torturas,
desapariciones y asesinatos de personas, empezaron a
gestionar y a cobrar la pensión, que en la actualidad es de
$ 1.680.
El ex marino Alfredo Astiz,
acusado de la desaparición de la fundadora de Madres de
Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y de las dos monjas
francesas Alice Domout y Leonie Duquet, entre otros
crímenes, no tramitó la pensión. No obstante, si lo deseara,
estaría en condiciones de solicitarla ya que durante la
guerra se desempeñó en el Comando de la Agrupación Naval
Antártica y, hasta el momento, sólo fue condenado por la
Justicia de Francia y de Italia pero no por la de nuestro
país.
Víctimas y victimarios.
“Darles la pensión a estos personajes es un hecho de
desmemoria”, sentencia Grillo. Si bien un sector de los ex
combatientes considera que con el gobierno de Kirchner hubo
un avance importante en materia de derechos humanos y en lo
que a Malvinas se refiere, no deja de señalar la necesidad
de que se empiecen a separar las aguas. Sobre todo, porque
en el territorio de combate muchos de ellos fueron víctimas
de las mismas prácticas que los militares llevaron adelante
en los campos de concentración durante el terrorismo de
Estado (ver recuadro).
En ese sentido, Nenina
Bouliet, miembro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos
por Razones Políticas, apunta: “Nosotros pensamos que para
los soldados que combatieron en Malvinas es justo, pero para
quienes violaron los derechos humanos en la isla y en el
continente, de ningún modo corresponde que cobren esa
pensión”.
La ex diputada nacional y
actual titular de la Unidad Ejecutora del Sitio de Memoria
del Gobierno porteño, Margarita Jarque, presentó en 2005 un
proyecto de derogación del Decreto 886/05, cuestionando que
militares denunciados por violación de los derechos humanos
puedan percibir dicho beneficio. Algunos de los legisladores
que acompañaron esa presentación fueron Claudio Lozano,
Patricia Walsh, Laura Musa e incluso otros que hoy son
funcionarios del Gobierno nacional: Ariel Basteiro, director
de Aerolíneas Argentinas por parte del Estado, y Jorge
Rivas, recientemente nombrado vicejefe de Gabinete.
“La lectura que se hace de
Malvinas no puede escindirse de la que realiza la dictadura.
El hecho de que víctima y victimario estén bajo un mismo
decreto de alguna manera significa una especie de olvido. De
hecho, muchos de los suicidios de los ex combatientes tienen
que ver con lo que sucedió en Malvinas”, explica Jarque.
El Decreto 886/05 también
menciona que la Pensión Honorífica es “compatible con
cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente
o de retiro otorgado en jurisdicción nacional, provincial o
municipal”. De hecho, varios ex soldados, oficiales y
suboficiales están cobrando el subsidio de la Ciudad de
Buenos Aires o el de la provincia a la que pertenecen.
Al parecer, una verdadera
paradoja: mientras la Justicia embargó a Acosta y a Pernías
por 230 y 245 millones respectivamente en el marco de la
“megacausa” ESMA, a cargo del juez federal Sergio Torres, el
Estado les otorga un beneficio monetario cada mes. Lejos de
la política de derechos humanos que viene llevando desde el
inicio de su gestión, el gobierno de Kirchner terminó
igualando a represores con ex conscriptos que, por cierto,
nada tienen que ver con las Fuerzas Armadas ni con los
crímenes cometidos por éstas entre 1976 y 1983.
Quiénes son los beneficiados
Osvaldo Jorge García
En Malvinas fue comandante del
Teatro de Operaciones Sur Comando del V cuerpo de Ejército.
En 1976, fue el jefe del Area
450, por lo tanto se lo considera responsable de los centros
clandestinos de detención “COTI Martínez” y del que funcionó en
la comisaría de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires.
Entre diciembre de 1977 y diciembre de 1978, fue jefe del Area
480. A partir de diciembre de 1981 fue el máximo responsable de
la Zona 5 (en la que se encontraban seis centros clandestinos de
detención ubicados en el sur de la provincia de Buenos Aires y
las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego).
Fue beneficiado con la Ley de
Punto Final.
Actualmente está procesado con
prisión preventiva por privación ilegal de la libertad,
tormentos y robo agravado en el marco de la causa “Pereyra de
Avellaneda, Iris y Floreal Avellaneda”, que forma parte de la
megacausa “Riveros, Santiago y otros s/privación ilegal de
libertad, homicidios y otros”, en la que se investigan la
represión y los hechos ocurridos en Campo de Mayo y en las zonas
de San Martín, San Isidro, Vicente López y otras localidades de
zona norte.
Cobra la pensión honorífica de
Malvinas desde 2006.
Ricardo Guillermo Corbetta
Durante la Guerra de Malvinas se
desempeñó como capitán de Corbeta.
En la última dictadura fue
oficial del Sector de Operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2 de
la ESMA, desde fines de 1976 hasta fines de 1978. Intervino en
el secuestro de Amalia Larralde. Fue beneficiado con la Ley de
Punto Final.
Hoy está procesado con prisión
preventiva por los secuestros, desapariciones y torturas
cometidas en el centro clandestino de detención de la ESMA.
Cobra la pensión honorífica de
Malvinas desde 2005.
Daniel Alejandro Polano
En el conflicto armado contra
Inglaterra en 1982 integró el Comando de la III Brigada.
En los ´70 fue miembro del Grupo
de Tareas del centro clandestino de detención que funcionaba en
Campo de Mayo conocido como El Campito o Los Tordos.
Cobra la pensión honorífica de
Malvinas desde 2006.
Hugo Enrique Damario
Durante la Guerra de Malvinas se
desempeñó en el destructor A.R.A “Seguí”.
En 1977 y 1978 se desempeñó como
teniente de Navío y oficial de Operaciones del Grupo de Tareas
3.3.2 de la ESMA. En 1978 fue designado funcionario en el área
de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta 1979.
En la actualidad está procesado
con prisión preventiva por los secuestros, desapariciones y
torturas cometidas en el centro clandestino de detención de la
ESMA durante la última dictadura militar.
Cobra la pensión honorífica de
Malvinas desde 2005.
Juan Carlos Camicha
En la guerra del Atlántico Sur
integró el Regimiento de Infantería Mecanizada 7.
Según figura en los registros de
la Conadep fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida.
En la actualidad se encuentra
procesado con prisión preventiva en la causa “Carrillo, Fausto
Augusto y otros s/desaparición forzada”. En abril de 2007, fue
denunciado ante la Justicia Penal de Uruguay por la desaparición
de dos ciudadanos de ese país en Paraguay.
Cobra la pensión honorífica de
Malvinas desde 2005.
Carlos Eduardo Daviou
En Malvinas integró el Comando de
Operaciones Navales.
Fue señalado como uno de los
pilotos de los “vuelos de la muerte” por el capitán Adolfo
Scilingo ante el juez Baltasar Garzón en España, que investiga
las desapariciones de españoles en la Argentina.
A comienzos de 2007, España pidió
su extradición, ya que en ese país se encuentra procesado por
delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
Cobra la pensión honorífica de
Malvinas desde 2006.
José María Insúa
Fue brigadier mayor durante el
conflicto en las Islas Malvinas.
Desde enero de 1979, se desempeñó
como jefe del Area 160 (que comprendía el partido de Morón, con
excepción de su extremo norte).
Fue beneficiado con la Ley de
Punto Final.
Cobra la pensión honorífica de
Malvinas desde 2005.
De los centros clandestinos a Malvinas
Torturar en la ESMA y
estaquear en Malvinas. Esa fue una práctica común para
algunos militares, que se encargaron de llevar a las islas
lo que aprendieron en los campos clandestinos de detención
durante la última dictadura. Orlando
Pascua, uno de los 22 ex combatientes correntinos que
denunció apremios ilegales sufridos a manos de sus
superiores durante la Guerra de Malvinas, da cuenta de eso:
“Como la comida era escasa, un día uno de mis compañeros,
Carlos Ferreyra, robó unas galletitas y mermelada en el
refugio de Binotti y Cionchi. Cuando lo descubrieron
ordenaron estaquearlo. Lo ataron de manos y pies sobre una
colina durante todo un día. Y Binotti fue el encargado de
asegurarse que él estuviera bien estaqueado”. El militar del
que Pascua habla no es otro que Julio César Binotti, acusado
de haber estado a cargo de la logística y los secuestros de
la ESMA.
En 2005, el mismo año que se
estrenó Iluminados por el fuego –el film que contó la otra
cara de la guerra–, algunos ex soldados empezaron a romper
el muro de silencio. Las torturas, estaqueos y asesinatos
que sufrieron 25 años atrás salieron a la luz..
La denuncia fue presentada
por la Secretaría de Derechos Humanos de Corrientes ante la
jueza federal de 1ª Instancia de Río Grande Liliam Herráez,
quien en agosto irá a tomarles declaración a los 22 ex
conscriptos.
No sólo se escucharán los 22
testimonios sino también de otros ex combatientes de Chaco,
Santiago del Estero y Santa Fe. Se calcula que habrá 15
denuncias más, entre las que figuraría la de un suboficial.
“Hasta ahora no había decisión institucional ni consenso
social para oír lo que les había sucedido a los ex
soldados”, señala el subsecretario de Derechos Humanos de
Corrientes, Pablo Vassel. Y agrega: “Lo que sucedió en
Malvinas fue propio de un Ejército que funcionaba como
gendarme interno. Trataron de la misma manera a los ex
combatientes que al resto de los argentinos”.
A pesar de no haber tenido
denuncias por violación a los derechos humanos en el
continente, Jorge Taranto, ex
conductor del programa radial Malvinas, la verdadera
historia, fue denunciado por haberle practicado “submarino”
a uno de los ex soldados correntinos. Juan de la Cruz
Martins recuerda: “Ese día no podía hacer guardia, le pedí a
un compañero que me reemplazara. En un momento entró a la
carpa el subteniente Taranto y me preguntó por qué no estaba
en mi puesto. Le dije que no podía hacer guardia. Me agarró
la cabeza y me la sumergió debajo de agua fría. Sacó el
revólver y me dijo que tenía que hacer guardia.
Me dejó 48 horas sin comer”.
En medio de tanto horror, la
solidaridad se transformó en la salvación:
“Un compañero me trajo comida
y gracias a él puedo contar lo que me pasó”.
