Indígenas guatemaltecos perseguidos por paramilitares
Indígenas guatemaltecos de
una comunidad remota del Quiché, epicentro de la guerra interna que
vivió este país (1960-1996), aún no viven la paz, luego que decenas
de ellos se vieron obligados a dejar sus viviendas ante la represión
de ex paramilitares.
Un grupo de 24 familias indígenas llegó la noche del lunes a la
capital de Guatemala para sumarse a otros 100 que arribaron hace un
mes, luego de ser amenazados de muerte por un grupo de 17 ex
paramilitares que mantienen el armamento bélico con el que apoyaron
al ejército durante la guerra.
Uno de los coordinadores del grupo, Diego Pu, explicó a Acan-Efe que
los 30 hombres, 22 mujeres y 47 niños, de la etnia K'iche',
abandonaron la aldea Los Cimientos en Quiché, el pasado 10 de mayo
por el constante acoso de 17 ex paramilitares.
En Los Cimientos se crearon las primeras Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC) en 1982, pero al terminar el conflicto armado, el 29 de
diciembre de 1996, este grupo no fue desarmado y ahora se hacen
llamar "líderes comunitarios que nos sacaron de la aldea con
amenazas", sostuvo.
Según Pu, el pasado 20 de mayo las fuerzas de seguridad trataron de
capturar a los 17 ex paramilitares, pero fueron recibidos con
disparos porque tienen armas Ak-47, fusiles, granadas y pistolas con
las que amenazan a la comunidad.
Además del centenar que huyó a la capital, otro grupo similar escapó
hacia otras comunidades y atrás dejaron abandonadas sus humildes
viviendas, cultivos y aves de corral con las que lograban subsistir.
Una veintena de indígenas logró escapar ayer momentos antes de que
los ex PAC llegaran a sus casas con el fin de asesinarlos y viajan a
la capital, añadió.
Las condiciones de su residencia temporal en el centro histórico de
la capital son paupérrimas, pues muchos de ellos abandonaron todas
sus pertenencias y animales de corral en Los Cimientos, Quiché, a
unos 250 km al norte de la capital, ya hora duermen sobre una
esponja que les donó el Estado, observó la AFP.
El centenar de indígenas vive en condiciones infrahumanas, duermen
en el suelo y no cuentan con alimentos para sus hijos. "Yo me vine
con mi esposa y mis seis hijos y no tenemos que comer, así está la
mayoría, sólo tienen la ropa que tienen puesta", señaló Us Sam,
mientras los niños con su mirada perdida y triste, caminaban por los
pasillos de una casa en la que están refugiados.
"Estos ex patrulleros (los paramilitares que los acosan) con la
firma de la paz (en 1996) cambiaron de nombre, ahora se llaman
'líderes comunitarios'
Relató que la represión se inició en 1982 cuando el ejército
organizó las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y
dio responsabilidades a 17 personas, quienes nunca se desarmaron y
mantienen a la población bajo amenazas de muerte.
Us afirmó que los ex colaboradores del Ejército los obligan a
realizar rondas nocturnas y los que se oponen son castigados a
laborar tres días en las tierras que ostentan los ex patrulleros.
Asimismo, si un aldeano pretende salir a otra región a trabajar
tiene que dejar la dirección y pagar unos 25 dólares para poder
abandonar por un tiempo la comunidad.
Según otro dirigente, Diego Pu Gómez, los ex paramilitares también
mantienen el 'derecho de pernada', pues cuando desean a una mujer la
toman sin importar la opinión de sus padres.
"Está el caso de don Juan Tum y María Pu, quienes fueron asesinados
porque se negaron a entregarle a su hija a don Domingo Gómez (líder
de los ex paramilitares)
Estos asesinatos se suman a los otros 19 que han cometido estos ex
aliados de las fuerzas armadas desde 1982 en esa comunidad, según
datos de los propios aldeanos.
Otro líder de los indígenas, Tomás Us Sam, dijo a Acan-Efe que desde
1982 a la fecha, los ex paramilitares han asesinado a 21 personas en
la comunidad y los crímenes permanecen impunes.
"Nos matan porque no queremos hacer patrullas si la guerra ya
terminó, también matan cuando una familia no quiere entregar a una
hija que le gusta a alguno de los líderes", denunció.
"Nos tienen prácticamente cercados. Si uno quería salir de la
comunidad tenía que pagarles 200 quetzales (26,10 dólares) y si no
retornaba la fecha que decía, nos cobraban otra multa", denunció
Juan Hernández.
"A mi me amenazaron de muerte sólo porque les pedí que me dijeran
donde está enterrado mi papá", relató, por su parte, Pedro Castro,
cuyo padre fue asesinado en 1989 por oponerse a seguir trabajando
bajo esas condiciones.
A pesar de la represión, los indígenas aseguran que no han recibido
apoyo del Estado y exigen que la Fiscalía inicie una investigación
contra ese grupo, los desarme, capture y enjuicie por los crímenes
que han cometido impunemente.
"Nuestro retorno a la aldea está condicionada a que se haga
justicia", sentencia Us.
"Queremos que el gobierno y las autoridades manden a capturar a esta
gente porque tenemos temor de que vengan hasta este lugar. Ellos
(los paramilitares) se sienten con poder porque tienen las armas",
advirtió.
Los dirigentes aseguraron que "estamos sufriendo" porque hasta ahora
ninguna institución le ha prestado auxilio. "Nosotros no hemos
recibido ningún beneficio de la paz, ahora necesitamos víveres, ropa
y medicina para nuestros hijos", relataron los afligidos indígenas.
El Consejo Nacional de las Comunidades para el Desarrollo Integral
de Guatemala (Concodig), les ha tenido la mano a este grupo y según
uno de sus dirigentes, Miguel Quiej, la ayuda que han conseguido no
es suficiente.
"No es posible que sigamos con la misma violencia que el conflicto
armado, todavía estamos sufriendo porque el ejército no desarmó a
esas ex PAC y ya terminó la guerra", se lamentó.
Los ex paramilitares fueron el brazo derecho del ejército en el
combate a la guerrilla durante la pasada guerra (1960-1996), que
dejó más de 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
Los acuerdos de paz en Guatemala se firmaron en 1996 después de 36
años de guerra que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos y
50.000 desplazados internos, según datos de las Naciones Unidas.
Fuente: Varias agencias. Desde ciudad Guatemala.
volver