DESPUÉS DE 43 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE
EN MOMENTOS EN LOS QUE ESTABAN SIENDO HOSPITALIZADOS
 
LA LUCHA Y LA SOLIDARIDAD DE MUCHÍSIMOS SECTORES POPULARES
 
LOGRÓ LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS
FERNANDO ESTECHE Y RAÚL LESCANO
 
En la tarde de ayer, martes 2 de Octubre, cuando los compañeros estaban internados en el Hospital Argerich, el Tribunal Oral Nº3 dictó la excarcelación de los compañeros.
Raúl “Boli” Lescano fue liberado inmediatamente, mientras que Fernando Esteche fue derivado al Hospital General de Agudos Dr. Zubizarreta, donde permanecerá detenido hasta que se pague la fianza que el Tribunal fijó para su liberación.
A las 11hs.del hoy, el compañero Fernando Esteche finalmente logrará su libertad.
 
CONFERENCIA DE PRENSA
En las puertas del Hospital Zubizarreta (Nueva York 3952, de Villa Devoto)
MIÉRCOLES 3/10 – 11hs.

LIBERTAD A TODOS LOS
PRESOS POLÍTICOS
JOSÉ VILLALBA - EN HUELGA DE HAMBRE
LOS 6 PATRIOTAS PARAGUAYOS
KARINA GERMANO LÓPEZ (LA GALLEGA)
LOS PRESOS DE LAS HERAS
LOS PRESOS DE LA PUEBLADA DE CORRAL DE BUSTOS
 
DESPROCESAMIENTO DE LOS
 LUCHADORES POPULARES
 

Argentina: Los presos políticos y la actual disciplina del derecho penal como política de Estado. Los presos de Quebracho en la encrucijada.

 (AW) Esta nota, enviada por Facundo Escobar, llegó a nuestra agencia poco antes de conocerse la liberación de Fernando Esteche y Raúl Lescano. De todas formas creemos que su contenido continúa vigente.-
 
Por Facundo Escobar[*]
 
Buenos Aires, 2 de octubre de 2007.- Se trata de un hecho conocido por todos el que Fernando Esteche y Raúl Lescano, dirigentes de la organización Quebracho, se encuentran presos desde hace 6 meses y están llevando adelante una huelga de hambre en un penal de máxima seguridad de nuestro país, llegando ya a los 45 días sin ingerir alimentos, jugos ni sopas. Reclaman su derecho de esperar el juicio en libertad. Hoy se agrega su internación en un Hospital porteño.
 
Muchos fueron los detenidos luego de que realizaran un “escrache” al gobernador neuquino Sobisch, repudiándolo como responsable del asesinato del docente Fuentealba, cuando este todavía se debatía con la muerte. Excepto ellos, el resto de los detenidos en la misma manifestación han sido liberados en distintas instancias. Muchos permanecen procesados. Los dirigentes, significativamente, permanecen encerrados.
 
Luego de aquel funesto crimen, se ha ido  intensificando la campaña de solidaridad con los presos políticos.
 
Hoy se exige la libertad de Esteche y Lescano, de José Villalba -en huelga de hambre desde el 31 de julio-, de los presos de Las Heras, Karina Germano Lopez, los presos de Corral de Bustos, Córdoba, los 6 dirigentes campesinos de Paraguay; todos ellos presos políticos del gobierno kirchnerista.
 
La campaña ha ido creciendo en los últimos meses, catalizada por el inicio de la huelga de hambre de los presos de Quebracho. Ha ido incorporando solidaridades, desplegando una creciente organización e importante movilización de los más diversos sectores del campo popular. Avanzando por sobre lo que no pocas veces se erige como diferencias -dígase tácticas, estratégicas o políticas-; progresivamente, los movilizados han ido convergiendo en una conclusión: cada día es más evidente la necesidad de afianzar una estructura tal para rodear de solidaridad a todos aquellos que se encuentran presos por luchar, por organizarse, por intentar construir una oposición como alternativa de poder. Para todos aquellos que hoy hacen el intento y por todos aquellos que lo harán mañana.
 
Dicha estructura en nuestro país ha gozado de gran relevancia a través de las décadas. Muchos han sido los presos políticos en la reciente historia argentina. Muchas también las victorias del campo popular al arrancarlos de las cárceles y defender sus derechos. Allí podríamos delinear algunas razones de la connotada trayectoria y prestigio que tienen tantos organismos de derechos humanos. Pero también allí radica, como parte del mismo proceso histórico, el accionar de los distintos gobiernos, los cuales fueron disponiendo sistemáticamente sus dispositivos policiales y judiciales para encarcelar a numerosos luchadores populares. Encarcelando, desapareciendo y asesinando a miles de personas.
 
Respecto a todo esto existe un acuerdo tácito en la izquierda. No obstante, cíclicamente debe retomarse la discusión que versa sobre que se entiende por “preso político”, y que hacer por ellos. Durante el año 2003 miles participaron de la campaña por la libertad del vasco Josu Lariz. Hoy, año 2007, el haber logrado reinstalar en el escenario político nacional la imperiosa necesidad de recuperar de las cárceles a todos aquellos que están presos por luchar, se trató de una verdadera, costosa y prolongada disputa.
 
Los presos políticos en Argentina son hoy una realidad. Constituyen una expresión más de que por estas tierras la protesta social no tiene perspectivas de repliegue: cada vez son más los sectores del pueblo que tienen como trayectoria rebelarse. Pero también representan en su propio cuerpo, familias y organizaciones a las que pertenecen, la persecución política. Y es allí donde el gobierno kirchenrista pone de relieve su propia trayectoria: la meta es continuar con la descarada administración del saqueo y la explotación. Y para ello, el verdugo debe tener sus herramientas oportunamente afiladas.
 
En la actualidad estamos viviendo una seria mutación en los procedimientos y herramientas judiciales de los aparatos represivos del estado argentino. Los presos políticos de hoy se instituyen en paradigma de lo que puede entenderse como un nuevo giro hacia la criminalización absoluta de las luchas populares, que a pesar de todo lo nuevo que pueda tener, mucho sigue siendo parte de lo viejo. Hoy los presos políticos de Quebracho transitan esa encrucijada.
 
Esteche, quien fuera detenido en las inmediaciones del local nacional de su organización, ubicado en un barrio porteño, y varias horas después del escrache a Sobisch, está siendo acusado por jueces que fundan sus procedimientos en la llamada teoría jurídica de autor (ánima de la flamante Ley Antiterrorista), según la cual el imputado es juzgado por quien es y no por lo que se puede probar que ha hecho en los autos investigados. En su caso el fallo establece, claramente, el conocimiento de que no puede ser situado en los hechos investigados. El Juez entiende, acepta, que no ha participado del renombrado escrache. De todas formas decide adjudicarle responsabilidad en grado superior por saberlo dirigente de una organización que llevó adelante esos hechos conocidos. No hacen falta más pruebas. Los jueces indagan allí en las llamadas “etapas pre-delictuales” y en la peligrosidad del sujeto. Bastará entonces la “autoría ideológica”, o el positivismo criminológico del siglo XIX.
 
Por su parte, Lescano fue secuestrado el 17 de abril en pleno centro porteño, simbólicamente, al finalizar el acto por el Día Internacional del Preso Político y mediando las ya conocidas metodologías de grupos de tareas de las dictaduras militares: una docena de personal policial vestido de civil lo golpean y lo introducen en un auto. Esas personas y el auto carecían de toda identificación. Durante 3 horas, abogados y miembros de organismos de derechos humanos recorrieron comisarías de la ciudad sin tener respuesta sobre su paradero. Luego de la presentación de un Habeas Corpus, se notificó había sido trasladado a la Superintendencia de Investigaciones en Villa Lugano. Es acusado de haber participado de los hechos en el local de Sobisch. Cabe aclarar que, ni sobre Lescano ni sobre Esteche, existía pedido de captura alguno.
 
La causa de estos dos dirigentes, estuvo radicada bajo jurisdicción del Juzgado Federal N° 4 del Dr. Ariel Lijo. Hoy ya ha pasado a las instancias del Tribunal Oral N° 3. La defensa está en manos de diversos organismos de derechos humanos (Liga Argentina por los Derechos del Hombre, LADH; Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI y Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina, FIDELA). Todos los detenidos fueron indagados por los mismos cargos: intimidación pública, incendio, daño, atentado, violación de domicilio y lesiones. Junto a sus abogados, se encuentran a la espera de la respuesta a la apelación presentada hace más de dos meses ante la Cámara de Casación Penal. Sucesivos recursos de excarcelación han sido desestimados. La reafirmación del espíritu persecutorio sobre su organización, demostrado por el juzgado y reafirmado por la Cámara de Apelaciones, sólo dejan la esperanza de que una vez radicada la causa en el Tribunal Oral, sean el derecho y las garantías constitucionales las que primen por sobre las presiones políticas, que hasta el momento han quedado, sobremanera, en evidencia.
 
La decisión por el momento es retenerlos bajo “prisión preventiva”. El supuesto subyacente en la herramentación de esta “medida cautelar” es el considerar a los presos de Quebracho, como a todo preso político, parte de alguna “población peligrosa”,  parte de “lo que no es gobernable” (Thamar Pitch). El poder debe darse una estrategia de control acorde a dicha concepción. La “nueva penitenciaría” constituye el espacio donde se despliega la estrategia del encierro, “destinada no a la transformación de individuos sino a la simple custodia del enemigo interno” (Feley y Simon). Es un sitio de segregación de “los enemigos que se quieren suprimir… los peligrosos, externos o internos, en relación con la población y para la población” (Foucault). En tal sentido, la prisión preventiva es una pena de facto.
 
Los sucesos acaecidos desde abril último vienen a demostrar que la causa judicial que afrontan los dirigentes de la organización Quebracho, está siendo manipulada por el Gobierno con el objeto de castigar y perseguir a dicha organización política. Sin embargo, en su trama y en sus potencialidades, otro objetivo puede ser distinguido. Al considerar el caso particular de Esteche y Lescano, como el de todos aquellos militantes que hoy están encarcelados por asuntos políticos; el que la represión policial y de gendarmería se reproduce día a día a lo largo de todo el territorio nacional; que ya rondan 5000 los militantes populares procesados; teniendo presente todos estos elementos, deberíamos comprender entonces la vigencia del actual esfuerzo del gobierno para escarmentar el proceso de resistencia que actualmente protagonizan distintos sectores de la Argentina. Una estrategia de persecución política que, siguiendo la receta que utilizara el ex presidente Carlos Menem en la década de 1990, busca frenar el desarrollo de una crisis que ya ha echado a andar.
 
 
Referencias
-Feeley, Malcom y Simon, Jonathan. 1995. “La nueva penología: notas acerca de las estrategias emergentes en el sistema penal y sus implicancias”. En: Delito y sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Año 4, Nº 6/7, Buenos Aires-Santa Fe.
 
-Foucault, Michel. 1996. Genealogía del racismo. Caronte. Buenos Aires.
 
-Pitch, Thamar. 1996. “¿Qué es el Control Social?”. En: Delito y sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Año 4, Nº 8, Buenos Aries-Santa Fe.
 
 
[*] Facundo Escobar es Licenciado en Antropología, UNLP, Argentina.
 

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