Por ANRed - M
ANRed reproduce este artículo que relata desde Bolivia
los gravísimos hechos de la masacre de campesinos en Pando. Hoy lunes en
Buenos Aires marcha en solidaridad con el pueblo y el gobierno boliviano
"A las dos de la mañana nosotros no teníamos armas, el otro grupo tenía
bombas, dinamitas y nos lanzaron, nosotros estábamos regresando a Puerto
Rico, nos siguieron dos kilómetros y ahí utilizaron armas de fuego, nos
paramos en una pampa. Después nos encontraron en Porvenir, no podíamos
avanzar, tenían ametralladoras, armas nuevas y mis compañeros escaparon por
el monte, caían al río y ahí les daban el tiro. Debe haber 100 heridos y
muertos, Había gente embarazada, había niños y niñas que fueron
masacrados, cuando cruzaban el río para escapar les lanzaron tiros y las
compañeras están ahí en el río, muertas dos señoras y otras dos heridas
que estaban a punto de abortar", es el relato de una dirigente indígena
que fue testigo de la masacre.
El hecho sucedió el pasado jueves 11, pero los cuerpos se siguen encontrando
hasta hoy. Inicialmente -en medio de grandes contradicciones- los medios de
comunicación comerciales reportaron "producto de los
enfrentamientos" ocho muertos y 32 heridos, ayer la cifra subió a 17
muertos y 41 heridos, hoy se habla de un genocidio.
Entre los indígenas asesinados fue encontrado, con dos disparos en el cuerpo,
el secretario ejecutivo de la Central Campesina de Puerto Rico, Bernardino
Tacua, nieto del héroe nacional Bruno Racua.
La mayoría de los asesinados son indígenas lecos o toromonas, entre ellos
aparecen dos funcionarios de la Prefectura de Pando, entidad controlada por
Leopoldo Fernández, aliado del extinto dictador Hugo Banzer Suárez y hoy de
Jorge Quiroga Ramírez.
De acuerdo al testimonio de la dirigente indígena, en la masacre -junto a
funcionarios prefecturales- participaron delincuentes brasileros y peruanos;
la información oficial que manejan organismos del gobierno nacional confirma
la presencia de sicarios extranjeros.
El fatídico día, un grupo de 300 campesinos e indígenas, o más, se dirigía
en camionetas desde sus comunidades hacia Filadelfia y Cobija para participar
en un ampliado de apoyo al gobierno y en contra de la denominada media luna;
sin embargo, no pudieron continuar debido a que, indicaron, en la vía,
empleados de la Prefectura de Pando y el Servicio Departamental de Caminos
hicieron una zanja y prepararon barricadas con ayuda de maquinaria pesada.
Cuando los colonos se aprestaban a avanzar a pie fueron emboscados y
masacrados. Todo estaba organizado.
Estado de sitio
El Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural
con el objetivo de pacificar la región del norte del país, investigar los
hechos suscitados en la masacre y dar con los culpables materiales e
intelectuales declaró estado de sitio en el departamento de Pando. Hasta hoy,
la medida de excepción no cumplió sus objetivos, por la oposición existente
en la zona y por la resistencia civil que fue declarada.
El ministro de salud, Ramiro Tapia que se encuentra en la zona de conflicto
reconoció que él y otros representantes de esta cartera que llegaron con
insumos médicos para atender a los heridos de la masacre no pudieron salir
del aeropuerto de Pando debido a que, "todavía es peligroso porque aún
hay ráfagas de tiros esporádicos".
"No hemos llegado al hospital (Roberto Galindo), no es muy lejos, pero
hay gente, francotiradores, en diferentes lugares y no se puede hacer un tránsito
libremente para hacer este tipo de atención", aseveró.
El control militar y policial de Pando ocasionó el deceso del pastor evangélico
Tony Rivera y del soldado Ramiro Tiñini, ambos fallecieron por armas de
fuego.
Con el control casi total de las actividades por parte de los uniformados, una
comisión humanitaria se trasladó a Porvenir para verificar la dramática
situación.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo en la sede de gobierno, que los
muertos en Porvenir pueden superar la treintena, aunque no proporcionó
mayores detalles.
Aseguró que los hechos en Pando superan lo ocurrido en octubre de 2003 en El
Alto, cuando 68 personas fueron asesinadas durante el gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada. "En comparación de la población de El Alto y la población
de Pando se van a dar cuenta de esto que decimos".
Exigió al Congreso Nacional garantizar una investigación transparente e
imparcial de lo sucedido y calificó al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández,
de un genocida culpable de la masacre y de un delito de lesa humanidad.
El vicepresidente del Comité Cívico de Cobija, Ricardo Shimokawa, desmintió
que se haya contratado sicarios para atacar a los campesinos y, acusó, a los
oficialistas de "armar y trasladar gente pagada".
Comentó que tienen como prueba una convocatoria de los campesinos en la que
se pide a las bases a marchar con armas a la capital del departamento.
"Oiga, por el amor de Dios. Los sicarios fueron contratados por el
gobierno. Estábamos desarmados. Todo es absurdo".
El representante cívico, aliado del prefecto Fernández, pidió la presencia
de observadores internacionales para que "vean lo que realmente está
ocurriendo en esta ciudad".
Diferentes sectores sociales, demandan "cárcel para el prefecto Fernández"
porque ya no confían en los estratos judiciales que aún sigue controlados
por funcionarios ligados al gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada. La
impunidad debe acabar y este caso debería ser el inicio de una "revolución"
en la justicia boliviana.
Diálogo sin condiciones
Aunque el prefecto Leopoldo Fernández señaló que
resistirá el estado de sitio, ya existe una orden de detención por no acatar
la medida de excepción.
El Consejo Nacional Democrático (CONALDE) conformado por los prefectos y cívicos
de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Pando determinó apoyar a Fernández
incluso con la presencia de esas autoridades en Cobija, actividad que quedó
trunca porque les prohibieron el ingreso.
En una reunión de emergencia, realizada en las últimas horas en Santa Cruz,
el CONALDE advirtió anoche al presidente Evo Morales Ayma que si se produce
un muerto o herido más en Pando, frenará de inmediato el diálogo que se
reinició el viernes en La Paz.
El primer punto señala que 'denuncian ante la comunidad nacional e
internacional que pese a que el representante del CONALDE, Mario Cossío, se
sentó a dialogar con el vicepresidente Álvaro García Linera, el gobierno
continuó con su plan de ocupación militar y violenta en Cobija'.
Demandan 'que se inicie una investigación seria, que establezca las
responsabilidades sobre el genocidio contra el pueblo pandino; que cuente con
la participación de los poderes públicos del país y de organismos
internacionales que garanticen la imparcialidad.
El segundo punto es una advertencia de que 'si hay un solo muerto o un herido
más en las circunstancias actuales (enfrentamientos) se producirá un
rompimiento de toda posibilidad de diálogo'.
Y el tercero es el anuncio de que los gobernadores y prefectos de los
departamentos del CONALDE decidieron trasladarse a la ciudad de Cobija para
expresar la solidaridad y el apoyo al pueblo de Pando.
En las próximas horas debería reiniciarse el proceso de diálogo entre
representantes del oficialismo y oposición.
Aunque un diálogo condicionado no tiene resultados concretos, tanto el
gobierno como los prefectos, hacen esfuerzos para que a través de esta vía
se encuentren soluciones duraderas a la difícil situación.
Se trata de lograr acuerdos en un pacto fiscal, otro constitucional y la
posible inclusión de las autonomías en el nuevo texto constitucional.
¿Golpe cívico prefectural?
Desde hace 21 días, varias regiones del país,
sobretodo las ubicadas en Tarija y Santa Cruz, están semiparalizadas;
alrededor de 71 empresas e instituciones estatales fueron tomadas o, mas bien,
saqueadas; algunos aeropuertos están controlados por los sectores de la
oposición y por lo menos existen 35 puntos de bloqueo de caminos.
'Estamos ante una banda de terroristas y de asaltantes que están desplegando
un golpe de estado cívico empresarial; sus objetivos son desconocer la
Constitución y para ello no importa cualquier medio, están dispuestos
incluso a matar a bolivianos', denunció el vicepresidente Álvaro García
Linera.
De acuerdo al oficialismo se pretende acabar con el gobierno de Evo Morales
Ayma y paralizar el proceso de cambio.
García Linera indicó que no se tomaron instituciones, sino 'se ha robado, se
ha saqueado, se ha expropiado a los bolivianos y a las bolivianas en cada una
de las entidades que han sido asaltadas criminalmente por bandas, por
pandillas de ladrones, de delincuentes financiados y promovidos por los comités
cívicos de los departamentos de Santa Cruz, de Tarija, de Pando y de Beni'.
Explicó que no contentos con haber robado y asaltado al pueblo boliviano,
haber destruido instalaciones públicas, estos grupos delictivos cometieron
actos de terrorismo en contra de la infraestructura energética de los
bolivianos, ya que han sido dinamitadas, cerradas y saboteadas las válvulas
que regulan el flujo energético y gasífero.
Frente a la ofensiva criminal de un golpe de estado terrorista-cívico-prefectural,
dijo que el gobierno está implementando las medidas necesarias para defender
la democracia, para defender la unidad del país y para defender a cada uno de
los ciudadanos.
"Que sepan los golpistas que vamos a usar todos los medios necesarios,
todos los recursos necesarios para garantizar el abastecimiento de energía y
de alimentos para los bolivianos, si hay necesidad de importar lo haremos, si
hay necesidad de garantizar resguardo lo haremos', dijo.
Además, advirtió que 'tienen que saber que tarde o temprano la fuerza de la
Constitución Política del Estado va a imponerse sobre ellos'.
Como nunca antes ocurrió en la vida democrática del país, se produjeron
violentos enfrentamientos entre bolivianos.
Producto de choques entre oficialistas y opositores, en Tarija resultaron 88
personas heridas, en Pando se reportan más de 44 y, en las últimas horas en
Santa Cruz, 18 heridos.
Varios medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa,
fueron víctimas de la violencia.
Ante esa situación, la Organización de Estados Americanos (OEA), la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), MERCOSUR, la Oficina de Bolivia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, otras,
condenaron los actos de violencia en Bolivia.
Los 10 países que conforman la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) se reúnen
de emergencia en Santiago de Chile para analizar el caso boliviano.
En una decisión de profunda defensa a la soberanía nacional y, sobretodo a
la dignidad de los bolivianos y bolivianas, el Presidente de la República,
Evo Morales Ayma, determinó expulsar al embajador de Estados Unidos en este
país, Philip Goldberg.
"Sin miedo al imperio, hoy declaro al señor Goldberg persona no grata,
pido a nuestro canciller enviar hoy al embajador (una nota) haciendo conocer
la decisión del bobierno, de su Presidente, para que urgentemente retorne a
su país", expresó el Jefe de Estado.
Al calificar al embajador norteamericano como "gente separatista",
Morales Ayma recordó que Golberg antes de estar en Bolivia influyó en
Bosnia, Kosovo y la violencia desatada en la ex Yogoeslavia.
Vida antes que muerte
El Presidente de Bolivia, que participa en los actos de
homenaje por los 198 años del aniversario de Cochabamba, aseguró que 'donde
está el imperio no hay ningún desarrollo, ni superación, ni dignidad'.
Explicó que su decisión de declarar a Goldberg 'persona non grata' no
significa que Bolivia desee romper relaciones con EEUU ni 'con nadie', pero
que el embajador norteamericano se encontraba conspirando contra su gobierno
al haber realizado reuniones reservadas con los prefectos y políticos de la
oposición.
Agregó que no importan las consecuencias que pueda sufrir un país como
Bolivia, por esa determinación, pero lo más importante es la defensa de la
soberanía nacional.
A tiempo de señalar que Bolivia se encuentra en un proceso de cambio, sin
retorno, explicó que ayer oficialmente, en esta ciudad donde entregó
ambulancias a los municipios de este departamento, se arrancó la campaña
para aprobar la Nueva Constitución Política del Estado. "Quiero que
sepan que empezamos el proceso para refundar Bolivia", dijo el Primer
Mandatario de la Nación.
Evo Morales Ayma, dijo que a pesar de todas las acciones racistas,
separatistas, violentas e ilegales que se realizan en algunas regiones de la
denominada media luna, el gobierno nacional priorizará el diálogo a la
violencia.
El Movimiento al Socialismo (MAS) y el Gobierno de la Revolución Democrática
y Cultural tienen entre sus principios básicos, entre su ideología y
programa, la defensa de la cultura de la paz a la violencia, el consenso al
enfrentamiento, la unidad ante la división, la cultura de la vida ante la
muerte…
Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno. alexadcb@hotmail.com
Fuente ALAI
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