El presidente, viene construyendo su carrera de matarife desde mucho antes de
ser gobernador del departamento de Antioquia, y quienes han optado hacerse los
de la vista gorda, o por acorazar al matachín de Salgar con el llamado efecto
teflón
La guerra civil en Colombia, tan negada por el régimen
que la impone, como ostensible en su presencia abrumadora y en sus
consecuencias, tiene espantosas realidades que seguramente son conocidas con
suficiencia por los estudiosos y padecidas de calamitosa manera por esas mayorías
empobrecidas que son las que reciben casi el todo de su peso.
Nunca está demás reiterar sobre algunos de sus aspectos que la ofensiva mediática
oligárquica pretende trivializar o hacerlos sentir como normales,
insensibilizando a quienes sólo son sus espectadores y hasta a quienes viven
sus consecuencias:Consternan las cifras de ejecuciones extrajudiciales,
asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, detenciones
arbitrarias, desplazamientos forzados, persecuciones, torturas y violaciones
de todo tipo a los derechos humanos cometidas por elementos estatales y para-estales
que, auspiciados por el poder imperial estadounidense, han configurado una
profunda crisis humanitaria.
El horrendo cuadro de estas violaciones hace evidente la existencia de una
guerra sucia que es la más grave de América Latina y de las más espantosas
en el mundo. El incontrovertible involucramiento de las fuerzas de seguridad
del Estado en los múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales (los
llamados falsos positivos) ha colocado frente al mundo, con más fuerza en el
presente la existencia del terrorismo de Estado en nuestro país. No son
simplemente sectores de los aparatos armados de represión los involucrados;
se trata de una política y quienes la niegan lo hacen por temor o por
complacencia.
No hay otra opción. La desaparición de jóvenes de Soacha, es uno de los
hechos más recientes y abominables que ponen al descubierto la criminalidad
fascista de un régimen tantas veces denunciado en sus atrocidades por fuerzas
sociales, políticas, democráticas y de izquierda, pero a toda costa
minimizadas y encubiertas por sus propios gestores con la ayuda de las
actitudes pusilánimes de muchos quienes pudiendo jugar un papel determinante
para ponerle freno, o al menos para desenmascararla con rigor, no lo hacen o
no pasan de la mera retórica del debate parlamentarista o la reflexión
politiquera o juridiquera de rábulas tribunaleros. Después de secuestrar a
decenas de inocentes, el ejército estatal tras asesinarlos los presentó como
“guerrilleros dados de baja en combate”. Está suficientemente claro que
se trató de un crimen de Estado que ejemplifica una práctica consuetudinaria
que obedece a una concepción, la de Seguridad Nacional, aprendida en las
escuelas yanquis para el desenvolvimiento de la estrategia de lucha
contrainsurgente.
En este caso fue el ejército de Ocaña (Norte de Santander) el que realizó
las ejecuciones. En principio surgió el pavoroso escándalo hablando de 11 víctimas,
que luego se convirtieron en 19…, cifra que subió a 30 y en poco tiempo,
como una madeja de macabros acontecimientos fue creciendo en la medida en que
los familiares se decidieron a hacer las denuncias: hoy por hoy se admite que
son más de 100 las personas ejecutadas y enterradas como NN en esa parte del
país. La secretaria de gobierno del Distrito de Bogotá, Clara López Obregón,
afirmó con serios y convincentes argumentos que los NN son personas que la
fuerza pública secuestró y luego asesinó. Por cada “baja” se cobró una
cantidad de dinero. En el oriente de Antioquia también fueron reportados
desde el 2002 hasta la fecha 125 ejecuciones extrajudiciales, que constituyen
40 por ciento de los llamados “falsos positivos” que se conocen hasta el
momento, presentados por el ejército como guerrilleros abatidos. Crímenes
similares se han denunciado en Sucre, en Córdoba, Valle, Cauca, Nariño,
Risaralda y Arauca.
No queriendo decir ello que sean los únicos departamentos donde han ocurrido
los casos, pues la práctica es generalizada a lo largo y ancho del país.
Hasta el momento la Fiscalía General de la nación conoce de 1015 casos de
ejecuciones extrajudiciales (asesinatos, crímenes de Estado) y aunque hay 750
militares investigados y 180 acusados, sólo 50 han sido condenados, con el
agravante de que estos hechos que desde las cimas de la apestosa
institucionalidad colombiana son presentados como casos aislados o de sectores
de la fuerza pública, lo cierto es que son el producto de una política de
Estado respecto a la cual contra los responsables más encumbrados no procede
ninguna causa ni aun existiendo abrumadoras evidencias de que especialmente
este gobierno tiene las manos untadas de sangre.
Pero el asunto es que Álvaro Uribe, el presidente, viene construyendo su
carrera de matarife desde mucho antes de ser gobernador del departamento de
Antioquia, y quienes han optado hacerse los de la vista gorda, o por acorazar
al matachín de Salgar con el llamado efecto teflón, ominoso ardid de la
estrategia mediática, son tan culpables como él por estos dolorosos crímenes
de lesa humanidad. ¿Qué se hicieron las Altas Cortes que antes posaban de
ser la conciencia moral de la nación?, ¿qué ha pasado con el papel que debe
jugar la Procuraduría y la defensoría del pueblo? Hace miles de muertos
debieron actuar pero no lo han hecho. No hay perdón. Seguramente nunca fueron
las instancias de respeto que decían ser; eran solo otro instrumento más del
Estado oligárquico opresor. En los seis años del gobierno Uribe, han sido
asesinadas por motivaciones políticas por lo menos 13.634 personas; el
desplazamiento forzado creció en el primer semestre del 2008 en 41%,
sobrepasando quizás los cuatro millones de personas afectadas, algo así como
el 10 % de la población colombiana, pero afectando al conjunto de la
sociedad. Es este, según los expertos, el desplazamiento interno más grande
del mundo. El desplazamiento forzado, que mayoritariamente afecta a población
femenina, va acompañado de persecución, bombardeos, torturas, masacres,
desapariciones…, luto y despojo de tierras y bienes de todo tipo.
La Coalición Colombiana Contra la Tortura documentó el año pasado 97 casos
de entre los cuales en el 90.1 por ciento está comprometido el Estado (más
de la mitad de los torturados no sobrevivieron); en lo que va corrido del
2008, 41 sindicalistas han sido asesinados. Se ha calculado, además que en el
país desde 1985 han desaparecido alrededor de 25.000 personas, pero en los
seis años de “seguridad democrática” de Uribe Vélez, como ya se dijo,
han sido liquidadas por razones políticas alrededor de 14.000 personas. ¿Hasta
cuándo vamos a tener a tanto asesino sin castigo?Lo que se divulga en los
medios es sólo el asomo de este drama en el que la suspensión de la ayuda
norteamericana a tres unidades militares “por cohonestar” con los crímenes
mencionados es sólo la imagen de Poncio Pilatos lavándose las manos. El
concepto de guerra sucia que está metido hasta los tuétanos de la institución
armada deviene de Washington y está abrazado por el conjunto de la cúpula
militar. Es un engaño pensar que entre los actuales altos generales hay
quienes están por una idea de Defensa en términos de desarrollo integral y
guerra limpia.
Como en la mentalidad del general Montoya, la cúpula sólo sabe de la
concepción inscrita en aquellos manuales yanquis que enseñan la política
del enemigo interno, la de secarle el agua al pez, la de la tierra arrasada,
la de la pax romana…, la guerra sucia. No es entonces el general Oscar González,
sucesor del pantallero general Montoya quien va a dejar de medir los
“triunfos” de la “Seguridad Democrática” en litros de sangre y
cabezas de inocentes. ¿No debería acaso él también explicarle al país sus
acciones de guerra sucia en la Sierra Nevada de Santa Marta y otras partes
donde actúa el Comando Unificado del Caribe? ¿Acaso sus bombardeos
indiscriminados no han acabado con la tranquilidad de los resguardos indígenas,
ocasionando destrucción, desplazamientos y zozobra?; ¿No debiera Gonzales
explicar sus propios falsos positivos realizados en los lugares donde ha
estado al mando de tropas? Definitivamente la solución de la tragedia
humanitaria colombiana es cuestión que sólo puede propiciar la acción
decidida del pueblo.
La podredumbre institucional, al frente de la cual está un Presidente
asesino, impide pensar que desde el mismo orden Estatal actual se puedan
lograr salidas. Es el soberano el que debe buscar las alternativas mediante
acuerdos que permitan superar esta etapa de desgobierno y las causas de la
confrontación.
Jesús Santrich/Integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP
